La campaña de la ITF contra las banderas de conveniencia (BDC) se lanzó oficialmente durante el Congreso de Oslo, celebrado en 1948.
La campaña BDC consta de dos elementos:
- un componente político dirigido a eliminar el sistema BDC logrando que se acepte a nivel mundial la necesidad de una relación auténtica entre el pabellón que enarbola un buque y la nacionalidad o residencia del armador, el gestor y la tripulación;
- un componente laboral dirigido a garantizar la protección de la gente de mar empleada en buques con BDC, independientemente de su nacionalidad, contra la explotación por parte de los armadores.
A lo largo de los años, los sindicatos marítimos de la ITF han elaborado un conjunto de políticas con el objeto de definir unas normas mínimas aceptables para la gente de mar que trabaja en buques BDC.
Estas normas forman la base para la negociación de convenios colectivos aceptables para la ITF, que establecen los salarios y las condiciones de trabajo de las tripulaciones de los buques BDC, independientemente de su nacionalidad.
El cumplimiento de los acuerdos de la ITF está supervisado por una red de más de 140 inspectores e inspectoras y contactos de la ITF en más de 125 puertos de todo el mundo.
La campaña contra las BDC es responsabilidad conjunta de los sindicatos de gente de mar y personal portuario afiliados a la ITF. Ambos grupos están representados en el órgano decisorio de la campaña, el Comité de Prácticas Aceptables (FPC).
La participación de los sindicatos portuarios, ya sea a través de la acción directa o la cooperación con los sindicatos de gente de mar, sigue siendo esencial para el éxito de la campaña.
Aunque la campaña política no ha logrado frenar hasta ahora el aumento de los buques que utilizan BDC, la campaña laboral ha conseguido imponer condiciones de trabajo y salarios mínimos dignos a bordo de miles de buques BDC.
Además, la ITF se ha convertido en adalid de la defensa de la gente de mar explotada y maltratada en todo el mundo. Cada año, la ITF y sus sindicatos afiliados recuperan millones de dólares en salarios atrasados e indemnizaciones por muerte o lesión en nombre de gente de mar que no tiene a quién recurrir.