La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) tildó hoy de “cortina de humo” la investigación del Ruby Princess llevada a cabo por el Gobierno de Nueva Gales del Sur por las fallas gubernamentales ocurridas en la segunda fase de la saga del Ruby Princess tras el desembarco del pasaje.
La ITF se unió a políticos estatales y federales laboristas para pedir a la primera ministra Berejiklian que amplíe los términos de referencia de la investigación para examinar los sucesos ocurridos con posterioridad al 19 de marzo de 2020, incluida la falta de consideración de las autoridades por la salud, la seguridad y el bienestar de la tripulación, y determinar si las decisiones adoptadas en relación con la atención médica, la realización de pruebas de detección y la repatriación expusieron a la tripulación y al público australiano a un mayor riesgo de contraer el COVID-19.
El coordinador de la ITF, Dean Summers, señaló hoy que los tan restringidos términos de referencia daban la impresión de que la primera ministra estaba intentando encubrir las fallas del Gobierno estatal en relación con el buque, en lugar de aprender cómo evitar futuros brotes a bordo de buques crucero.
“La primera ministra prometió al establecer esta investigación que “no dejaría piedra sin mover hasta que se descubriera exactamente qué había sucedido”, pero la realidad es que el alcance limitado de los términos de referencia de la Comisión Especial hace que la investigación sea una farsa”, señaló Summers.
“Los 1200 tripulantes, cuya salud, seguridad y bienestar fueron desatendidos por las autoridades en cada una de las instancias de la saga del Ruby Princess, son ahora víctimas de silenciamiento político”.
“En una carta de la Comisión enviada apenas ayer, confirmaron que están al tanto de nuestros llamamientos a la primera ministra para que investigue todo lo que salió mal con el Ruby Princess, y han expresado que la ampliación de los términos de referencia de la investigación “ahora es una cuestión que está en manos de la primera ministra”. Incluso el Comisionado opina que ahora claramente le corresponde actuar a Berejiklian”.
En su correspondencia dirigida al equipo jurídico de la ITF, la Comisión también manifestó que “el tratamiento de la tripulación infectada tras el desembarco de los pasajeros y pasajeras del Ruby Princess, el 19 de marzo de 2020, y las circunstancias de su repatriación, o su continuo tratamiento médico a bordo del buque” son motivo de preocupación para el Comisionado. A pesar de la opinión del Comisionado de que estas cuestiones no están comprendidas en los términos de referencia actuales, la Comisión declaró: “Esto no es un reflejo de la gravedad de los hechos confirmados ni de las afirmaciones realizadas”.
“La investigación debe examinar los sucesos ocurridos posteriormente al desembarco del pasaje. Es preciso que sepamos con qué información el Gobierno de Nueva Gales del Sur envió al Ruby Princess de Sídney a Port Kembla. ¿Por qué no realizaron ningún esfuerzo para hacer pruebas de detección a la tripulación o repatriarla antes de que estuviera expuesta a un mayor riesgo de contraer el COVID-19?”, indicó Summers.
“¿Las decisiones del Gobierno estatal y federal concordaron con las obligaciones internacionales de Australia cuando se ordenó a los buques crucero abandonar la costa australiana sin importar la catástrofe que esas decisiones representarían para la tripulación? Es preciso que sepamos si era siquiera legal que el Comisionado Fuller, de la Policía de Nueva Gales del Sur, exigiera al Ruby Princess que zarpara de Port Kembla el 19 de abril de 2020, a pesar de contar con 200 casos de COVID-19 a bordo del buque”.
“El Gobierno de Nueva Gales del Sur y las autoridades federales son tan responsables del bienestar de la tripulación del Ruby Princess como del de su pasaje. La tripulación del Ruby Princess son personas que simplemente acudieron a trabajar y a las que los actos y la inacción de las autoridades que se ocuparon de este brote pusieron en peligro. Merecen la justicia de saber que se hizo todo lo posible para ayudarles. Merecen saber qué salió mal y cómo podría evitarse una parodia similar”, señaló Summers.
La ITF se compromete a garantizar que se haga justicia para la tripulación que resultó infectada, según estima, debido a la incompetencia de los organismos.
Summers afirmó: “Queremos que los organismos federales y estatales reconozcan su culpa, respondan a las preguntas difíciles y admitan en qué fallaron. Eso es lo que la tripulación del Ruby Princess merece tras haber sido expuesta a una de las mayores calamidades relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo en la historia marítima de Australia”.
“Si no podemos obtener justicia de la Primera Ministro Berejiklian, si ella elige encubrir en lugar de reconocer la culpa, entonces llevaremos esta causa a Canberra y “moveremos” todas las “piedras” que haga falta, durante el tiempo que haga falta”, indicó Summers.
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